Estamos perdiendo de vista el verdadero propósito de la educación superior

Permitir que las universidades se definan principalmente por su capacidad para cumplir con los criterios del mercado (como balancear los libros y satisfacer a los clientes) es un cambio radical de la idea de que las universidades existen para servir a un bien público.

Aproximadamente hace dos años, fui nombrado como Vice-Chancellor’s Fellow for the Public Benefit of Higher Education en la Universidad de Sheffield. Esto significa que mi trabajo es investigar el propósito público de las universidades y aconsejar sobre asuntos relacionados con el valor público de la educación superior.



Cuando tomé este cargo, no podría haber pronosticado la importancia del valor público en las discusiones relacionadas con la reforma de la educación superior en el Reino Unido.

Pero más allá de eso, nunca -ni por un segundo- habría creído que las nociones de “verdad” y “experiencia” se convirtieran en objetos de desprecio y difamación en los medios y en la política de las democracias avanzadas.

Y sin embargo, aquí estamos.

Por un lado, los esfuerzos por regular aún más las universidades del Reino Unido como entidades comercialmente competitivas continúan sin cesar. Por otro lado, nos encontramos con una cultura política post-Brexit y post-Trump dividida y que hace que todos los llamamientos a un terreno común en el discurso público parezcan ridículos a los ojos de un lado o del otro.

Competencia, competencia, competencia

En el Reino Unido, la educación superior ha estado en un proceso de reforma aparentemente interminable desde hace por lo menos dos décadas. Estas reformas prometen “ganancias de eficiencia” y “resultados de entrega”, así como “competencia”, “elección” y éxito en las “clasificaciones”, a cambio de reducir el gasto público y aumentar la inversión en educación superior.

Al describir esta “mercantilización” de la educación superior, Rajani Naidoo -un investigador de la Universidad de Bath- habla de un “fetiche de la competencia” global, que apunta sólo a la competencia por su propio bien.

La última cara de este fetiche comercial dentro de la educación superior del Reino Unido se encuentra un proyecto que propone facilitar a los proveedores privados el derecho a otorgar títulos y obtener el título de universidad, a fin de que sea más fácil para ellos competir con universidades públicas.

El proyecto de ley también cambia el marco regulatorio de todas las universidades, sometiéndolas a la autoridad de lo que se llama la “Oficina de Estudiantes”. Se trata de un organismo compuesto por actores sectoriales cuyo cometido es “aumentar la competencia y la elección en la educación superior”.

Este organismo estaría encargado de administrar un sistema de evaluación de la calidad de la enseñanza (el Marco de Excelencia de la Enseñanza) y tendría autoridad para definir, en la práctica, qué instituciones de educación superior son “universidades” y cuáles no.

Permitir que las universidades se definan principalmente por su capacidad para cumplir con los criterios del mercado (como balancear los libros y satisfacer a los clientes) es un cambio radical de la idea de que las universidades existen para servir a un bien público.

En el Informe Robbins de 1963, las universidades tenían cuatro funciones: “enseñar habilidades”, “proveer de los poderes generales de la mente para producir no sólo especialistas, sino hombres y mujeres cultivados”, así como “la búsqueda de la verdad “, y la transmisión de una cultura común y normas comunes de ciudadanía.

Consciente de los riesgos planteados por el abandono total de la idea de que las universidades tienen un papel público, la Cámara de los Lores afirmó que:

“Las universidades del Reino Unido deben hacer una contribución a la sociedad a través de la búsqueda, difusión y aplicación de conocimientos y experiencia.”

Y que ellos:

“Deben ser libres de actuar como críticos del gobierno y de la conciencia de la sociedad.”

Recientemente votaron a favor de detener (o al menos retardar) cualquier relación de incentivos estatales con resultados del Marco de Excelencia de la Enseñanza.

Estos esfuerzos reafirman la idea de que las universidades existen no para servir a clientes, sino a la sociedad. Y esto es importante porque la democracia no puede funcionar sin un público educado e informado.

La verdad es un valor democrático

Está claro que hay una profunda tensión en el corazón de la democracia. Por un lado, pide que todos participen lo más posible en la toma de decisiones colectivas. Por otro lado, busca promover el bienestar común de todos. Estos elementos no siempre son reconciliables.

Pero si nuestras universidades son alentadas a dejar atrás su carácter público para centrarse simplemente en servir a sus clientes, es probable que nuestras posibilidades de conocernos y entendernos mutuamente en la diferencia desaparezcan. Y sin este conocimiento, encontrar un terreno común estable se hace más difícil, la confianza se vuelve esquiva y reinan la mentira y la confusión.

En mi opinión, las universidades existen, al menos en parte, para servir como un lugar donde una sociedad se encuentra cara a cara con sí misma. ¿Realmente se tiene éxito en esto? Rara vez. ¿Pero eso significa que deberían dejar de intentarlo? Yo creo que no.

Ahora, tal vez más que nunca, necesitamos que las universidades encuentren formas de enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. Por eso espero que este compromiso de servir al público se refleje en última instancia en la definición legal de “universidad”.

Por Joshua Forstenzer Vice-Chancellor’s Fellow for the Public Benefit of Higher Education, University of Sheffield.

Artículo original, The Conversation



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Estamos perdiendo de vista el verdadero propósito de la educación superior
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Hoy más que nunca, necesitamos que las universidades encuentren formas de enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás
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